Magistrados darán prioridad a acciones de inconstitucionalidad promovidas por Presidencia a reformas en Veracruz, Q.Roo y Chihuahua.
CIUDAD DE MÉXICO
En sesión privada, el tribunal pleno acordó de forma inédita que una vez que los proyectos de sentencia estén listos no se formen a la lista de asuntos pendientes; sino que de inmediato se programen para su pronta resolución.
Se trata de un hecho sin precedentes, pues no se había tomado tal determinación desde que se legisló en 2013 sobre la resolución preferente de asuntos en el Máximo Tribunal del País.
El tiempo para emitir un fallo, dependerá ahora de la celeridad en la presentación de alegatos y pruebas por parte de las partes involucradas, para que los ministros instructores elaboren las propuestas que serán sometidas a consideración del pleno de la Corte.
El 11 de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) en su calidad de representante legal de la Presidencia de la República, solicitó a la Suprema Corte la declaración de invalidez de aquellas reformas anticorrupción realizadas en Veracruz, Quintana y Chihuahua.
En su escrito de demanda la PGR argumentó que dichas modificaciones se anticiparon a la reforma constitucional de 2015 en materia de combate a la corrupción, pues debían esperar a que se emitieran las leyes secundarias para armonizar las normas estatales.
Tras ser admitidos a trámite los medios de control de constitucional, el ministro Javier Laynez Potisek fue el designado para resolver la demanda contra Veracruz; Norma Lucía Piña Hernández la de Quintana Roo; y Chihuahua, José Ramón Cossío Díaz.
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