En la tribuna del Congreso de la CDMX, Nazario Roberto Sánchez argumentó que actualmente el tráfico de influencias tiene una penalidad de dos a seis años de prisión
La iniciativa que presentó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, implica reformar el artículo 271 del código penal del Distrito Federal. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO
Una pena de cárcel de 5 a 10 años para los funcionarios que usen su cargo para tramitar negocios en beneficio propio, es lo que propuso el diputado local de Morena, Nazario Roberto Sánchez.
La iniciativa que presentó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, implica reformar el artículo 271 del código penal del Distrito Federal.
En tribuna, el legislador argumentó que actualmente el tráfico de influencias tiene una penalidad de dos a seis años de prisión “Esto en el marco comparativo del Código Penal, es una penalidad relativamente baja si se compara con otros delitos cuya sanción es mayor”.
Pero consideró que el delito no es menor “pues produce daños a la economía nacional, altera el funcionamiento ordinario de muchas instituciones y, en suma, consagra una visión errada de lo que debe ser el servicio público y lo transforma en “servicio personal”.
Y recordó que de acuerdo al INEGI 15 por ciento de los mexicanos que tuvo contacto con algún funcionario fue víctima de al menos un acto de corrupción.
Se trata de un fenómeno que se ha incrementado desde el 2013, año en el que 12.1 por ciento de los encuestados manifestó haber atestiguado, al menos, un acto de corrupción.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de justicia para que elabore el dictamen correspondiente, y más adelante se someta a votación en el pleno del congreso local.
Excélsior
0 comentarios:
Publicar un comentario