En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, llamó a reconocer la existencia de esta problemática en el país.
Foto: Google Maps
CIUDAD DE MÉXICO
Subrayó que debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está inserto.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas -30 de agosto-, la CNDH llamó al Ejecutivo Federal a reconocer la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país.
Además, enfatizó la obligación del Estado mexicano de cumplir de forma cabal e integral los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, la CNDH solicitó al Congreso de la Unión que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario en el Periodo Ordinario de Sesiones que inicia este 1 de septiembre, la cual debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años.
Debe subrayarse la conveniencia de que dicha ley cuente con un apartado focalizado en los temas de niñez y adolescencia, donde se establezca la obligación de las autoridades de generar datos desagregados sobre las víctimas de esos delitos; establecer las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a niñas, niños y adolescentes, privilegiando su interés superior.
De igual manera, se propone que en esa Ley se disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.
Dicha Ley General tendrá que transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las Secretarías Ejecutivas, las Procuradurías de Protección, los Sistemas DIF y las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información, y la situación que guardan los derechos de este sector.
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